Todo asesinato es doloroso y todo crimen debe ser castigado, pero ¿quedan aún de los que no saben diferenciar entre lo que es un Crimen de Lesa Humanidad y lo que es un asesinato común, en situación de asalto o de riña vecinal? Si, quedan. Por eso apelo a tener clara esa diferenciación durante la lectura de esta nota.
En el mundo reconocen hoy en dia a nuestro país como un ejemplo en materia de Derechos Humanos.
Los crímenes de la dictadura clérigo-cívico-militar de los '70, ese Terrorismo de Estado y sus aberrantes acciones criminales, no fueron escondidas debajo de ninguna alfombra hecha de olvido o impunidad. España no puede decir lo mismo, Chile tampoco, y siguen los dolorosos casos. Acá se intentaron esconder las cosas, elaborar teorías "salomónicas" para dejar todo en la nada, claro está; pero la valentía de unos cuantos pudo mas que la complicidad o tibieza de tantos otros.
Hay, sin embargo, un país que posee sectores que parecen no darse cuenta de esta innegable y dignificante realidad: increíblemente ese pais es el nuestro. Tal vez la falta de perspectiva -uno no puede apreciar la importancia de un buen cuadro si lo tiene todo el tiempo a dos centímetros de la cara- o, me inclino por esto último, la deficiente capacidad de lectura sobre nuestros diferentes momentos históricos, limitación dada por no haber sido capaces de saber, poder o querer aprender a leerlos a conciencia, hacen que un sector desorientado pretenda no reconocer las conquistas en materia de Derechos Humanos, avances que hemos ido logrando gracias a Las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de La Plaza, a los Hijos... pero también a la firme decisión política de los gobiernos populares que se iniciaron el 25 de mayo de 2003. Nestor y Cristina, hay que decirlo.
No caben dudas de lo orgullosos que debemos sentirnos por lo logrado en este sentido, y por cada uno de los nombrados anteriormente.
A raiz de ésto quiero compartir la siguiente nota de Telam; necesaria, elocuente.
ANUARIO
23 juicios con más de 400 represores condenados, entre ellos el primer civil, reafirman la política en Derechos Humanos
Veintitrés juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico militar tuvieron sentencias durante 2012, y entre ellos se destaca el proceso por el que la justicia reconoció la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes, además de registrarse la primera condena a un funcionario civil por su participación en distintos crímenes.
Con más de 400 represores condenados, los juicios por delitos de lesa humanidad siguen siendo una política de Estado y este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abogó, en su discurso ante la Asamblea Legislativa de marzo, para que en 2015 hayan concluido todos los juicios contra represores.
Durante 2012, y al cumplirse 35 años del inicio de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar la identidad de los hijos de sus hijos, que ya son 108, fueron juzgados los apropiadores de los nietos recuperados Francisco Madariaga, Victoria Donda, Catalina de Sanctis Ovando y Sebastián Casado Tasca.
En este marco, otro logro de 2012 fue la creación, en el ámbito de la Procuración General de la Nación, de la Unidad especial para la investigación de apropiación de niños durante la dictadura, un largo reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otra parte, no es menor el avance en la decisión de investigar la complicidad civil de la dictadura y en ese sentido avanzaron investigaciones sobre el titular del Ingenio Ledesma de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier por "ayudar" en la desaparición de personas, como así también sobre los ex directivos de la automotriz Ford de la planta de General Pacheco, además de la primera condena a un funcionario en el marco de la causa Circuito Camps.
Respecto de las sentencias más destacadas, el 26 de marzo, en Rosario, fue condenado a prisión perpetua al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados contra presos políticos.
En la Capital Federal, el 8 de junio fueron condenados los represores Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por delitos de privación ilegitima de la libertad con aplicación de tormentos cometidos en el circuito "ABO", integrado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco, Olimpo.
En Capital Federal, el 5 de julio, la justicia argentina reconoció la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros ex represores.
En Bahía Blanca, el 12 de septiembre, fueron condenados a prisión perpetua 14 de las 17 personas imputadas por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.
El 15 de octubre, en Comodoro Rivadavia, fueron condenados a prisión perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas, en el juicio por la Masacre de Trelew.
Los jueces declararon en la sentencia condenatoria, con voto unánime, que fue un "crimen de lesa humanidad" el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en la base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
En La Rioja, el 7 de diciembre, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común los represores Luciano Benjamín Menéndez, quien suma una nueva condena; Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, curas que trabajaban con el también asesinado ex obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.
En el tramo final del año la justicia dictó sentencias en importantes causas, como por ejemplo la relacionada al Circuito Camps, luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó el día 19 prisión perpetua a 16 represores, entre ellos al civil Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y al ex director de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención.
Smart se convirtió en el primer ministro civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En tanto, el 21 de diciembre el ex agente de inteligencia militar Héctor Vergez fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del responsable del inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y el entonces funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bell.
Ya en el tramo final de 2012, y para cerrar el año, el 27 de diciembre el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario dará a conocer la sentencia en la causa que juzga a dos ex-altos jefes militares y un alto oficial de la policía federal por crímenes en San Nicolás.
El juicio oral juzga la denominada "masacre de la calle Juan B. Justo", la desaparición de seis militantes de la PJ-Montoneros, y el secuestro y tormentos a una persona que había alquilado una casa a una pareja de militantes que fueron desaparecidos.
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