En las afueras del edificio de "Iron Mountain", empresa de guarda de documentación
bancaria y empresaria, en Barracas, el 5 de febrero de 2014.
Un incendio provocó nueve muertes entre servidores públicos, y quizá alguna más entre los empleados del edificio incendiado.
Como a las 8 del 5 de febrero de 2014 el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal y el personal de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires fueron convocados por vecinos del edificio de Azara 1245 por la cantidad de humo y algunas lenguas de fuego que de advertían desde el exterior de una empresa llamada “Iron Mountain”.
En ese lugar la empresa alquilaba espacios para guardar papeles y documentación en general. Servía hasta ahora para la conservación de los documentos de los bancos, obligados por ley para retener durante 10 años las constancias de algunas operaciones. También serían sus clientes petroleras y telefónicas. Pese a que la empresa aseguró contar con una “total protección contra incendios”, consistente en una “red hidrante, sprinklers y control estricto de humedad”, los comprobantes de hicieron humo y cenizas.
Las víctimas del siniestro fueron nueve, entre ellas un comisario inspector bombero de la Policía Federal (la jerarquía más alta, directamente por debajo del jefe de la policía) y la primera mujer que logró ingresar en el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, hija de un bombero, esposa de otro.
“Iron Mountain” no es demasiado confiable. Este es el quinto incendio que se produce en instalaciones de esa empresa. En 1997 en New Jersey, Estados Unidos, se incendió otro depósito de la firma. El entonces jefe de bomberos de la ciudad, Robert Davidson, sostuvo que los incendios fueron deliberamente provocados. La acusación resultó gravísima: en este tipo de depósitos quedan, disimuladas entre millones de fojas, las huellas de maniobras complejas de evasión, estafa, corrupción, tráficos de todo lo que se quiera imaginar. El fuego completa la simulación: incendiar un archivo es una maniobra típica y previsible.
En 2006 ardieron dos depósitos. Uno de ellos en Ottawa, en una de las naves del polo industrial Cyrbille. Se perdió el 3 % de lo almacenado, ”apenas”.
Unos días después se incendió un importante edificio de seis pisos al este de Londres, la capital del Reino Unido. Se perdieron los registros de 600 clientes, como hospitales y abogados.
La ola incendiaria llegó luego a Italia, en la Aprilia, en noviembre de 2011, donde las llamas devoraron documentos físicos y digitales.
Llaman la atención algunas coincidencias. “Iron Mountain” sostuvo en todos los casos que tiene instaladas redes de prevención y combate del fuego de última tecnología y proveedores confiables. Hace mal en confiar en esos recursos, cinco veces no son coincidencia.
También en cada uno de estos casos se sostiene que se trató de “documentación inactiva”. Por cierto, todo documento es inactivo hasta que alguien repara en él, y puede utilizarlo como prueba en una causa judicial o como elemento histórico para reconstruir algunos pasos mal orientados, como por ejemplo negociados, coimas, etcétera, etcétera.
Lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas valiosas en aras de los negocios. Es necesaria una investigación profunda de lo que ha sucedido. Lo lamentable es que no habrá muchos testigos presenciales de los sucesos. Lo esencial es que la investigación no quede en manos de la empresa incendiada, sino que corra por cuenta de quienes deben investigar, la Justicia y el Ejecutivo representado por la policía federal, la prefectura y la gendarmería, quienes están a cargo conjuntamente de la vigilancia de esa zona “todavía” fuera del todavía limitado campo de la policía metropolitana.
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