27 de Febrero de 2015
En las últimas seis semanas la Argentina fue el escenario de una proverbial operación política cuyos cimientos se derrumbaron ayer como un castillo de naipes a partir de la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia elaborada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, funcionarios y dirigentes políticos y comunitarios por encubrimiento.
En las últimas seis semanas la Argentina fue el escenario de una proverbial operación política cuyos cimientos se derrumbaron ayer como un castillo de naipes a partir de la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia elaborada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, funcionarios y dirigentes políticos y comunitarios por encubrimiento.
Esa operación política incluyó capítulos de extremo dramatismo como la utilización del luctuoso episodio que significó la muerte del propio Nisman. No hay que olvidar que se sostuvo –hasta ayer con énfasis y convicción en algunos casos– que los responsables directos de la muerte del titular de la UFI AMIA eran las máximas autoridades del gobierno nacional.
La línea argumental era la siguiente: Nisman denunció a la presidenta y, como consecuencia, la propia mandataria lo mandó a matar. Por eso, entre otras cosas, se produjo una multitudinaria marcha de silencio en la que se escucharon cantos como "Argentina sin Cristina" y varios más del mismo tono.
Según una encuesta elaborada entre los asistentes a la marcha, una quinta parte de los presentes considera que el kirchnerismo es el responsable por la muerte de Nisman. Y más de la mitad de los participantes dijeron además que en las próximas elecciones votarían por Mauricio Macri, a la sazón procesado en la causa que investiga la instrumentación de un sistema de escuchas ilegales a políticos opositores e incluso a familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA.
El eje medular de la argumentación que durante 40 días sirvió para posicionar candidatos opositores, agitar internas en el Poder Judicial y provocar un daño internacional a la República y sus instituciones difícil de mensurar se desarmó en el documento que firmó ayer Rafecas.
El texto, puntilloso al extremo, repasa punto por punto la denuncia de Nisman (el magistrado llega a enumerar las veces en que el fiscal hace referencia al levantamiento de las alertas rojas). Rafecas sostiene que en la presentación de Nisman, no sólo los argumentos y las pruebas aportadas por el fiscal no alcanzan para darle sustento jurídico a la tipificación del delito de encubrimiento, "sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
Pero hay más. El juez considera que existe en la denuncia de Nisman una "llamativa inversión de la relevancia de los roles que supone el diseño de todo plan criminal". El magistrado sostiene que "los supuestos cómplices secundarios –en la hipótesis denunciada– resultan ser la usina de la concepción y preparación de una supuesta maniobra delictiva, para que la ejecutaran las máximas autoridades del gobierno argentino, rompiendo con la lógica que emana de los más elementales principios de la autoría y participación en materia penal".
En suma, que –según se desprende de la denuncia– personas como Luis D'Elía y "Yusuf" Khalil eran quienes les indicaban a la presidenta y al canciller cuáles eran los pasos que debían dar para perpetrar el encubrimiento.
Entre otras críticas directas a la denuncia de Nisman, Rafecas recuerda que "la barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios, del delito en sí mismo, es un principio que distingue a un sistema democrático de uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. Es lo que en Derecho Penal se conoce como el 'Derecho penal del enemigo', de matriz claramente inconstitucional."
Rafecas no es el primer magistrado que rechaza la denuncia de Nisman. La jueza María Romilda Servini de Cubría, de turno cuando el titular de la UFI AMIA presentó el escrito, se negó a abrir la feria con el argumento de la carencia de pruebas. El juez Ariel Lijo, ante el que recayó la demanda, esquivó el tratamiento con el argumento de que los hechos que se denunciaban eran nuevos y que no tenían conexión con su investigación en la causa sobre el encubrimiento del atentado.
El propio Rodolfo Canicoba Corral, el juez responsable por la investigación del atentado, no intervino en la demanda pero advirtió que la presentación de Nisman tenía severas falencias. La lista de personalidades destacadas del ámbito judicial que anticiparon por lógica la definición de Rafecas es amplia.
Esos argumentos no alcanzaron para impedir la operación política que abrió el año electoral que le dará a la Argentina un nuevo gobierno. En medio del vale todo, se faltó a la verdad, se plantearon despropósitos como la posibilidad de un "autogolpe", se plantaron "testigos clave", se convocó a una marcha reclamando justicia para una persona que podría haber tomado la tremenda determinación de suicidarse, se habló de comandos venezolano-iraníes y de una reunión de inteligencia en el Buquebus en aguas del Río de la Plata.
Y todo en nombre de la pretendida defensa de las instituciones.
Esa operación política incluyó capítulos de extremo dramatismo como la utilización del luctuoso episodio que significó la muerte del propio Nisman. No hay que olvidar que se sostuvo –hasta ayer con énfasis y convicción en algunos casos– que los responsables directos de la muerte del titular de la UFI AMIA eran las máximas autoridades del gobierno nacional.
La línea argumental era la siguiente: Nisman denunció a la presidenta y, como consecuencia, la propia mandataria lo mandó a matar. Por eso, entre otras cosas, se produjo una multitudinaria marcha de silencio en la que se escucharon cantos como "Argentina sin Cristina" y varios más del mismo tono.
Según una encuesta elaborada entre los asistentes a la marcha, una quinta parte de los presentes considera que el kirchnerismo es el responsable por la muerte de Nisman. Y más de la mitad de los participantes dijeron además que en las próximas elecciones votarían por Mauricio Macri, a la sazón procesado en la causa que investiga la instrumentación de un sistema de escuchas ilegales a políticos opositores e incluso a familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA.
El eje medular de la argumentación que durante 40 días sirvió para posicionar candidatos opositores, agitar internas en el Poder Judicial y provocar un daño internacional a la República y sus instituciones difícil de mensurar se desarmó en el documento que firmó ayer Rafecas.
El texto, puntilloso al extremo, repasa punto por punto la denuncia de Nisman (el magistrado llega a enumerar las veces en que el fiscal hace referencia al levantamiento de las alertas rojas). Rafecas sostiene que en la presentación de Nisman, no sólo los argumentos y las pruebas aportadas por el fiscal no alcanzan para darle sustento jurídico a la tipificación del delito de encubrimiento, "sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
Pero hay más. El juez considera que existe en la denuncia de Nisman una "llamativa inversión de la relevancia de los roles que supone el diseño de todo plan criminal". El magistrado sostiene que "los supuestos cómplices secundarios –en la hipótesis denunciada– resultan ser la usina de la concepción y preparación de una supuesta maniobra delictiva, para que la ejecutaran las máximas autoridades del gobierno argentino, rompiendo con la lógica que emana de los más elementales principios de la autoría y participación en materia penal".
En suma, que –según se desprende de la denuncia– personas como Luis D'Elía y "Yusuf" Khalil eran quienes les indicaban a la presidenta y al canciller cuáles eran los pasos que debían dar para perpetrar el encubrimiento.
Entre otras críticas directas a la denuncia de Nisman, Rafecas recuerda que "la barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios, del delito en sí mismo, es un principio que distingue a un sistema democrático de uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. Es lo que en Derecho Penal se conoce como el 'Derecho penal del enemigo', de matriz claramente inconstitucional."
Rafecas no es el primer magistrado que rechaza la denuncia de Nisman. La jueza María Romilda Servini de Cubría, de turno cuando el titular de la UFI AMIA presentó el escrito, se negó a abrir la feria con el argumento de la carencia de pruebas. El juez Ariel Lijo, ante el que recayó la demanda, esquivó el tratamiento con el argumento de que los hechos que se denunciaban eran nuevos y que no tenían conexión con su investigación en la causa sobre el encubrimiento del atentado.
El propio Rodolfo Canicoba Corral, el juez responsable por la investigación del atentado, no intervino en la demanda pero advirtió que la presentación de Nisman tenía severas falencias. La lista de personalidades destacadas del ámbito judicial que anticiparon por lógica la definición de Rafecas es amplia.
Esos argumentos no alcanzaron para impedir la operación política que abrió el año electoral que le dará a la Argentina un nuevo gobierno. En medio del vale todo, se faltó a la verdad, se plantearon despropósitos como la posibilidad de un "autogolpe", se plantaron "testigos clave", se convocó a una marcha reclamando justicia para una persona que podría haber tomado la tremenda determinación de suicidarse, se habló de comandos venezolano-iraníes y de una reunión de inteligencia en el Buquebus en aguas del Río de la Plata.
Y todo en nombre de la pretendida defensa de las instituciones.
Nota de http://tiempo.infonews.com/
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