Por Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación
Una vez más, en los últimos días, hemos presenciado a través de los medios de comunicación reacciones desmesuradas por el establishment empresarial, vinculadas al capital trasnacional. Estas expresiones intentan una vez más hegemonizar la opinión pública con un discurso crítico que asocia la presencia y participación del Estado en la economía, como un avasallamiento al sector privado. Estas expresiones carecen de aval jurídico y económico.
El Estado Nacional decidió soberanamente ejercer los derechos emergentes de su participación como accionista, en función de una limitación incompatible con la legislación societaria. En rigor de verdad, la medida adoptada complementa la modificación legislativa que recuperó el sistema previsional argentino mediante el reconocimiento pleno del Estado Nacional como único administrador de los fondos de jubilaciones y pensiones, condición que le fuera mermada con la creación de las Afjp. El Estado Argentino recuperó así la gestión soberana de los recursos de los trabajadores argentinos y fiel a ello actúa.
Más que un derecho.
La designación de directores por parte del Estado Nacional en aquellas empresas donde tiene participación accionaria no sólo es un derecho, sino más bien una obligación. Muchos de estos medios de comunicación –que están enfurecidos por el nombramiento de directores por parte del Estado–, son fuertes defensores de la economía brasileña, pero no dicen que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) es un banco estatal, que tiene también una cantidad importante de directores en distintas empresas en las cuales el banco es accionista.
Pero además, el Estado no sólo tiene el derecho de poner a los directores que crea conveniente en las empresas donde posee paquetes accionarios sino que además es su obligación, porque a través de sus directores debe cuidar el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que depende de la Anses por medio de dos mecanismos:
a) En primer lugar: al Fondo de Garantía le corresponde parte de las utilidades distribuidas en proporción a su paquete accionario. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de controlar las utilidades de las empresas donde el Estado tiene acciones. De esta manera, el director que representa al Estado cumpliría la función de cuidar el dinero de los trabajadores y de los jubilados.
b) En segundo lugar: al influir positivamente en las decisiones del directorio podrán lograr que las empresas profundicen las medidas de inversión y así, producir más y generar cada vez más puestos de trabajo, provocando asimismo mayor cantidad de recursos a la Anses debido a la mayor cantidad de trabajadores activos que estarían aportando al sistema previsional; lo cual permitiría a la Anses disponer de mayor cantidad de recursos para lograr una mayor recomposición de los haberes jubilatorios.
Temor a la transparencia.
El interrogante que surge entonces: ¿es porque alguna empresa en donde el Estado posee paquetes accionarios se opone rotundamente a ello cuando jurídicamente no puede hacerlo? Presionan al Congreso y a la Justicia con el apotegma “total, siempre hay un recoveco en la norma para paralizar y vulnerar la igualdad ante la ley”. Una primera causa de esta oposición estaría dada frente al temor de tener que transparentar ciertos números, como por ejemplo, la tasa de ganancia y rentabilidad y la forma de distribuir sus utilidades.
Eso, por parte de la empresa, pero en las corporaciones mediáticas existe una causa un poco más profunda, y ésta es una visión antidesarrollista, que visualiza al Estado como enemigo, como problema. Desde este enfoque, fuertemente asociado con los programas neoliberales, el Estado debería ser mínimo, puesto que toda injerencia estatal sería contraria al desarrollo económico y social de un país.
“Están nerviosos” diría Néstor; la verdad que preocupa la discrecionalidad con que operan. Sabemos por experiencia histórica que la única posibilidad de alcanzar un camino de desarrollo económico con perspectiva de liberación nacional, es a partir de la fuerte alianza entre el empresariado nacional, el Estado Argentino y el movimiento obrero organizado.
Señala la corporación hegemónica neoliberal que “el Gobierno amplía su injerencia en la empresa privada”. Omiten maliciosamente el legítimo derecho que tiene el Estado como accionista de esas empresas de intervenir. Insisto: se trata de dinero de los trabajadores, invertido antes y discrecionalmente por las Afjp y sobre los cuales no había ningún control. Ahora, recuperados esos fondos, el dinero de los trabajadores vuelve a los trabajadores con inversión social y apuntalando el restablecimiento del tejido social.
Por eso, es tan importante contar con la libertad de información. Porque es un derecho del pueblo y por lo tanto es colectivo. La subjetividad no debe violentar el relato de lo hechos. Los periodistas no tienen un pasaporte de extraterrorialidad, que les permita transitar la deshonestidad intelectual. Lo contrario es una burda y peligrosa omisión del derecho a la información. De ahí que la información puede ser útil para la liberación de los pueblos o puede ser la mejor herramienta para su dependencia.
El Estado, la herramienta.
La reconstrucción económica y social que se viene produciendo en nuestro país desde el año 2003 es el resultado de una mayor intervención del Estado en la defensa de los intereses comunes y en la idea de que el Estado es el mejor complemento de las empresas privadas para crecer, producir e invertir con una justa distribución del ingreso. Este fenómeno se observa claramente en el aumento constante de la inversión pública que permite por un lado, la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social, pero además para el aumento de la demanda agregada, necesario para que las empresas vendan más y de esta manera, estimularlas para que inviertan y produzcan cada vez más.
Desde la asunción de Néstor Kirchner, el crecimiento de la inversión hecha por el Estado permitió y acompañó el aumento de la inversión realizada por el sector privado. El mismo fenómeno sucedió respecto de la política social llevada a cabo por el Estado Nacional; por ejemplo, en seguridad social, en proyectos productivos, en microcrédito, en infraestructura, en las cooperativas de trabajo especialmente protegidas o la asignación universal por hijo. Desde el punto de vista social al darles recursos a los sectores más vulnerables a su vez intensifica también la economía, pues aumenta el consumo y permite que las empresas y los comerciantes vendan más. En estos ejemplos se observa claramente que el mejor socio para las empresas privadas es el Estado Nacional.
Sin embargo, todavía convivimos con expresiones de la visión antidesarrollista que vislumbran al Estado como un obstáculo para el desarrollo. Desarticular este paradigma es, en términos económicos, una de las principales disputas culturales que venimos dando desde el año 2003 tanto discursivamente como en el conjunto de políticas económicas que venimos aplicando. Por eso, la consolidación y profundización del modelo de reindustrialización con inclusión social es el desafío de nuestro gobierno, porque en definitiva, como dice CFK: “No somos promesas electorales. Era necesario demostrar que desde la política se podía gobernar y administrar los recursos del Estado en beneficio de todos los sectores. El único compromiso que siempre asumimos fue no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno.”
“Si quieren tomar decisiones, que armen un partido político”,
señaló la Presidenta ante los reclamos corporativos de Techint. (TELAM)
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